domingo, 10 de mayo de 2015

OBSTÁCULOS A LA CUSTODIA COMPARTIDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


Custodia compartida en el marco de la Ley valenciana

La Ley 5/2011 de 1 de abril de la Generalitat Valenciana de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos padres no conviven, vino a ofrecer un marco legal al cuerpo actual de conocimientos científicos acerca de los numerosos beneficios para los hijos del régimen de guarda y custodia compartida tras un divorcio o separación. A diferencia de otras legislaciones existentes actualmente a lo largo de la geografía española, en la Ley valenciana se establece como régimen prioritario de elección el de custodia compartida, pasando a considerarse el régimen individual de custodia para uno sólo de los progenitores como un régimen excepcional vinculado al interés superior de los hijos, de elección sólo en caso que la custodia compartida pueda ser perjudicial para ellos, revirtiendo la situación legal anterior en la que sólo se podía establecer el régimen compartido en caso que fuera la única forma de garantizar el bienestar superior de los hijos.

En el desarrollo posterior que ha venido a completar este cambio legislativo se establece: a) que la carga probatoria del supuesto perjuicio para los hijos del régimen compartido recae en el progenitor que no está de acuerdo con dicho régimen, la cual deberá basarse en “informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan”; b) que la mera entrada en vigor de esta nueva norma ya supone una modificación sustancial de las circunstancias que previamente hubieran servido para establecer un régimen de custodia individual, lo que en la práctica ha posibilitado la revisión de cualquier régimen de custodia establecido al amparo de la anterior legislación y previa solicitud de una de las partes; y c) que la distancia entre las poblaciones de residencia de ambos progenitores no tiene porqué constituir un obstáculo a la custodia compartida, siempre que el desplazamiento entre ambas no supere los 30 minutos.

Obstáculos a la Custodia Compartida

Sin embargo y aunque poca discusión cabe acerca de los numerosos beneficios de la custodia compartida y a pesar de su priorización legislativa, en la práctica judicial en la Comunidad Valenciana aún existen serias dificultades para que judicialmente sea el régimen de elección:
  1. Por parte de Jueces y Fiscales: Por un lado, y a pesar que la legislación establece que la carga probatoria debe recaer en la parte que rechaza este régimen de custodia, en la práctica muchos Jueces y Fiscales exigen contar con un informe pericial psicológico favorable aunque no haya sido solicitado por dicha parte, y en franca contradicción con la priorización que establece la propia Ley.
  2. Por parte de los Peritos Psicólogos: Si bien en principio dicha exigencia judicial en relación al informe pericial debería servir de mayor garantía del bienestar de los menores, en la práctica nos encontramos en demasiadas ocasiones con dos posibles graves deficiencias en los informes periciales de familia:
    • Por un lado, la falta de unos criterios unívocos y científicamente rigurosos para garantizar la máxima objetividad posible en sus conclusiones respecto a su recomendación de un régimen u otro de guarda y custodia, lo que conlleva que muchas veces nos encontremos con dos o más informes periciales con conclusiones muy diferentes para un mismo procedimiento judicial.
    • Y por otro lado, la falta de experiencia y formación en Psicología Forense existente en la realización de muchos informes periciales judiciales en la Comunidad Valenciana desde que en el año 2013 se suprimió dichos requisitos, dando entrada al turno de oficio actual a profesionales que acaban de concluir sus estudios universitarios en Psicología. Valgan como ejemplos, las conclusiones sin fundamento alguno alcanzadas en los siguientes tres casos reales: a) en el primero se concluyó que se había encontrado en el progenitor solicitante “la intención, pero no la conducta suficiente” para recomendar un régimen compartido en base a una única prueba psicológica de escasa utilidad administrada a los progenitores y en ausencia de prueba alguna a los menores; b) en el segundo se rechazó la custodia compartida argumentando que podría impedir a la progenitora marcharse a otra Comunidad Autónoma a buscar trabajo, como si de ello dependiera exclusivamente su acceso al mundo laboral y necesariamente se perjudicara a los menores; y c) en el tercer ejemplo se concluyó positivamente acerca de la competencia parental del progenitor a pesar de sus malos resultados en el único test empleado para valorarla, así como se concluyó que su diagnóstico previo de posible Abuso del alcohol probablemente estaba inactivo en la actualidad en base únicamente a los indicadores negativos de su consumo durante 3 días de una única semana en el último año.
    • A consecuencia de cuyas deficiencias, muchos progenitores que se sienten desamparados por las conclusiones alcanzadas en el informe pericial judicial, tienen que recurrir a profesionales de mayor experiencia para promover otro informe pericial de familia alternativo a la pericia judicial, así como un informe de evaluación de dicha pericia judicial que ponga de manifiesto sus deficiencias, con el enorme coste tanto económico como emocional que ello supone, a la vez que puede dilatar el procedimiento judicial excesivamente en el tiempo.
  3. Por parte de los progenitores: Por otro lado, nos encontramos con dificultades por parte de los propios progenitores:
    • Así, algunos progenitores principalmente padres reclaman el régimen compartido como si de un derecho propio se tratara, olvidando que realmente constituye un derecho-deber de contribuir a la crianza y educación de sus hijos en el ejercicio de su responsabilidad familiar y que exige un alto grado de compromiso, y obviando que principalmente se trata de un derecho de sus propios hijos a poder mantener una relación equilibrada y continuada con ambos progenitores. En definitiva, existen progenitores para quienes la custodia compartida es un derecho que no lleva implícita obligación alguna, lo que entra en plena contradicción con el propio objetivo de este tipo de coparentalidad, y arroja serias dudas acerca de su verdadera motivación al incluirla en su propuesta de divorcio.
    • En cambio otros rechazan la Custodia Compartida con cualquier excusa ajena a cualquier base científica, principalmente madres, como la supuesta dificultad de los menores para adaptarse a dos hogares, el inexistente problema de la maletita, la distancia geográfica, o las pequeñas diferencias en sus estilos de crianza, e incluso con argumentaciones tales como que los niños sólo necesitan a su madre. O van más allá manipulando a los menores para que rechacen el régimen compartido, e incluso involucrándoles en una auténtica campaña de denigración del otro progenitor, en lo que puede llegar a constituir un auténtico proceso de Interferencia Parental o incluso de Alienación Parental. Es decir, existen progenitores que bien- o mal-intencionadamente rechazan compartir la crianza de sus hijos de forma injustificada, en ocasiones por desconocimiento y en otros casos por un interés personal ajeno al bienestar de sus hijos.
  4. Y en relación a los propios menores: A pesar de tratarse de un derecho filial más que parental conviene recordar que no podemos responsabilizar a los hijos de la elección ente uno u otro tipo de custodia, situándolos ante un auténtico conflicto de lealtades. En palabras de uno de nuestros Fiscales valencianos, “los hijos no tienen por qué saber qué es lo mejor para ellos mismos”, por lo que su opinión, que debe ser oída a partir de los 12 años de edad o antes si presentan suficiente madurez, no puede ser el factor fundamental para la resolución de un contencioso judicial de divorcio. Sin embargo son involucrados en el procedimiento en muchas ocasiones, bien por parte de alguno de los progenitores, o bien incluso por parte del propio sistema judicial recurriendo a su exploración judicial muchas veces de forma innecesaria.

Adicionalmente, en la práctica judicial valenciana nos encontramos desgraciadamente con demasiada frecuencia y especialmente si se trata de un procedimiento de Modificación de medidas respecto a un divorcio previo, con que un progenitor, generalmente el padre, parece obligado a demostrar una y otra vez su competencia parental y su ausencia de motivación económica, así como la pertinencia para sus hijos del régimen compartido. Mientras que al otro progenitor, habitualmente la madre, parece que se le supone en términos de positividad todo cuanto concierne a su propia propuesta. Todo lo cual puede constituir una auténtica discriminación entre ambos progenitores por una aparente razón de sexo totalmente injustificada, que parece más propia de la legislación existente en décadas anteriores, que contraviene la legislación actual, y que definitivamente en nada beneficia a los menores.

 

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