sábado, 29 de agosto de 2015

¿QUIEN DEBE ASUMIR EL COSTE DEL INFORME PSICOSOCIAL?


Una noticia del diario Las Provincias firmada por Alberto Rallo el pasado 25 de agosto ha abierto el debate: 329 expedientes judiciales de Familia están bloqueados en el partido judicial de la ciudad de Valencia a falta de informe psicosocial cuya demora ronda el año de media. Ya lo anticipaba semanas atrás el Ilmo. Decano de los Juzgados de Valencia, D. Pedro Viguer, en una nota de prensa emitida por el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La primera cuestión a plantearnos es porqué la falta de este tipo de informes puede bloquear de tal modo la resolución de un procedimiento de familia. Y realmente no cabe duda de la trascendencia del informe psicosocial para el Tribunal de Justicia, como auxilio para dilucidar en cada caso qué régimen de guarda y custodia o qué régimen de comunicación es más adecuado para el bienestar superior de los menores.

La segunda cuestión hace referencia a cuanto esfuerzo y la dedicación requiere su elaboración como para que pueda haberse llegado a una demora de estas características. La realidad es que muchos desconocen el trabajo exhaustivo que requiere la elaboración de un informe psicosocial de calidad, un mínimo de 25 horas que pueden llegar fácilmente a las 40 horas en los casos más complicados.

Pero, ¿realmente son tantos los procedimientos judiciales de familia que requieren el auxilio del Perito Psicólogo?

Atendiendo a la legislación Valenciana podemos plantearnos serias dudas al respecto: la sentencia 9/2013 del TSJCV establece que los “informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan” deben servir para probar el supuesto perjuicio para los menores del régimen compartido, recayendo la carga probatoria de esta eventualidad precisamente en el progenitor que rechaza dicho régimen, dado que éste es considerado como régimen general de elección en la Comunidad Valenciana (Ley5/2011 de la Generalitat Valenciana de fecha 1 de abril).

Sin embargo, en muchos procedimientos judiciales es el Fiscal o el Juez quien insta dicha prueba aún a pesar que la parte que rechaza el régimen compartido no la haya solicitado, lo que puede llegar a contravenir la mencionada doctrina del TSJCV y en la práctica puede resultar a todas luces innecesario, a la par que puede estar sobrecargando innecesariamente tanto al sistema judicial y los Equipos psicosociales como al erario público en el que recae su coste, e incluso hay quien puede llegar a considerarlo una auténtica transgresión del necesario principio de neutralidad entre una y otra parte del contencioso judicial, dado que instar su realización en principio beneficia  principalmente a una de las partes, la que debería haberlo solicitado y no lo ha hecho.

Discriminación entre partidos judiciales

Por otra parte existe controversia respecto a porqué en los partidos judiciales que cuentan con Equipos Psicosociales de técnicos en plantilla, un usuario puede acceder a coste cero a un informe psicosocial aunque no sea beneficiario de justicia gratuita, corriendo su coste a cargo del erario público.

A diferencia de los Juzgados que no cuentan con este personal en plantilla, que tienen que recurrir a los listados de Psicólogos Forenses o al Turno de Oficio, y es el usuario quien debe costearse el informe a igualdad de renta que aquellos.

Pero es que desde hace unos años y cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con una tendencia a compensar esta “discriminación” entre unos partidos judiciales y otros por parte de los propios Jueces y Fiscales, quienes instan la realización de dichos informes a “precio social” aunque las partes dispongan de recursos económicos más que suficientes, con lo que de nuevo la Administración se ve obligada a asumir su coste.

Es decir, en la actualidad el erario público tiene que asumir el coste de muchos informes psicosociales de usuarios que no son beneficiarios de justicia gratuita, ya sea mediante el aumento de la plantilla de técnicos de los Equipos psicosociales, la retribución a los Peritos del Turno de oficio, o el plan de choque que la Consellería de Justicia estudia poner en marcha en breve para solucionar los mencionados 329 expedientes pendientes en Valencia.

La situación es paradójica: usuarios que cuentan con ingresos más que suficientes para hacer frente a un proceso judicial y para costearse el Abogado más caro posible, se ven beneficiados a costa del erario público en el abono del informe psicosocial por mera razón de vecindad o en función del Juez o el Fiscal que “les ha tocado”.

Demora debida a cuestiones ajenas al Perito

Por otra parte, el propio procedimiento judicial contribuye innecesariamente a la demora del informe psicosocial en muchas ocasiones:
  • Demorando la solicitud del informe: si muchos Fiscales y Jueces lo van a solicitar de todas maneras, parece oportuno preguntarse porqué en algunos Procedimientos se espera hasta la fecha de la celebración del juicio para llevarlo a tal efecto, en muchos casos entre 6 y 12 meses tras iniciarse el Procedimiento, lo que añadido a los entre 3 y 4 meses de espera mínimos hasta disponer del informe o hasta un año en el partido judicial de Valencia, resulta en una demora insoportable para muchas familias.
  • O utilizando procedimientos para designar a los Peritos que por sí solos retrasan una o dos semanas la aceptación del encargo: como comunicar la designación por medio del correo postal, en lugar de hacerlo por medios muchísimo más rápidos como el email, el teléfono, o ambos conjuntamente.

Encarecimiento del coste a discreción del Perito

Y tampoco existe un sistema que establezca claramente el coste para el usuario que solicita judicialmente un informe psicosocial y le permita conocerlo de antemano, pudiendo además llegar a duplicar su precio a discreción del Perito en quien recaiga el encargo, lo que por un lado puede resultar injusto para muchos usuarios que abonan un alto precio no acorde a la calidad del informe y a pesar de que es solicitado a través del Juzgado y no se trata de un informe de carácter privado, y por otro retrasa en dos o más semanas su inicio debido al procedimiento de solicitud de fondos y posterior aceptación del usuario.

Por otro lado el Perito sólo puede repercutir el coste real de cada informe a los escasos encargos que recibe ajenos a la consideración de coste social mencionada.


En definitiva, el coste del informe psicosocial recae en demasiadas ocasiones de forma innecesaria en la propia Administración pública, lo que favorece a algunos usuarios a pesar de no contar con el beneficio de la justicia gratuita, y discrimina a otros en función del partido judicial al que pertenezcan o según la voluntad de jueces y fiscales. Su cuantía no es conocida previamente por el usuario que lo solicita, pudiendo llegar a duplicar su coste a discreción del Perito, lo que sin duda ha contribuido a generar un sentir general de que se trata de una prueba demasiada cara, ante el desconocimiento de la dedicación que requiere. Todo lo cual es propiciado por un sistema arcaico y poco eficaz que en más ocasiones de las deseables deja insatisfechas a casi todas las partes (usuarios, Jueces y Fiscales, Peritos y Letrados).

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